¿Sabías que en apenas dos décadas, Perú pasó de una ambiciosa reforma agraria a una hiperinflación devastadora que marcó a toda una generación? Durante los años 1970 a 1990, la economía peruana vivió transformaciones radicales, desde políticas de nacionalización hasta ajustes neoliberales, dejando lecciones imborrables. Este periodo, lleno de contrastes, refleja cómo decisiones económicas moldearon el destino de millones. En este artículo, exploraremos las principales medidas económicas de los gobiernos de Velasco, Morales, Belaunde, García y Fujimori, analizando su impacto en la sociedad y la estabilidad del país. Desde la reforma agraria hasta el “Fujishock”, descubrirás cómo estas políticas definieron el rumbo de Perú, sus aciertos y sus costos sociales.
Reforma Agraria y Nacionalización: El Gobierno de General Juan Velasco Alvarado (1970-1975)
Las reformas económicas de Juan Velasco Alvarado, implementadas a partir de 1968, transformaron profundamente la estructura productiva y social del Perú, buscando equidad distributiva y soberanía nacional. La Reforma Agraria de 1969, pilar del gobierno, expropió latifundios para crear cooperativas, promoviendo el principio de “la tierra es de quien la trabaja” (Decreto Ley 17716, 1969). En 1970, la Ley General de Industrias priorizó sectores estratégicos con incentivos tributarios, reservando al Estado el monopolio de industrias básicas, mientras la Ley de Minería reguló la inversión extranjera y otorgó al Estado el control de la comercialización minera (Decreto Ley 18225, 1970). Se instauraron comunidades laborales en industria, minería y pesca, otorgando a los trabajadores participación en la gestión y beneficios, junto con la Ley de Estabilidad Laboral (1970), que garantizaba seguridad tras tres meses de empleo. Sin embargo, tmbien se observa la contradicción de estas medidas: aunque promovían justicia social, su implementación autoritaria limitó libertades ciudadanas, evidenciando un enfoque vertical. Estas reformas, aunque ambiciosas, enfrentaron críticas por su falta de cohesión y sostenibilidad económica.
Ajuste Económico y Crisis: El Gobierno de Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980)
El ajuste económico implementado durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) marcó un período de profundas transformaciones en el Perú, caracterizado por medidas de austeridad y liberalización para enfrentar una crisis económica. En un contexto de reservas internacionales negativas y un déficit fiscal que alcanzó el 6.3% del PBI en 1976, el gobierno promovió la inversión privada, eliminó subsidios, buscando reducir el gasto público y mejorar la balanza comercial. Estas políticas, sin embargo, desencadenaron una inflación que escaló al 73.7% en 1978 y una caída del PBI del 3.8% en el mismo año, exacerbada por minidevaluaciones y una reducción de la demanda interna. Según Thorp y Bertram (1978), las estrategias de ajuste, influenciadas por las exigencias del FMI para liberar el tipo de cambio, priorizaron la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social, lo que provocó huelgas generales debido a la caída de los salarios reales. No obstante, el aumento de las exportaciones de petróleo (254% anual entre 1977-1979) y la mejora de los términos de intercambio en 1979 mitigaron parcialmente la brecha externa, que pasó de -7.4% a -1.8% del PBI en 1978.
Década Perdida y Fenómeno del Niño (1980-1985)
La Década Perdida en el Perú, marcada por la confluencia de crisis económicas, sociales y ambientales, representa un período crítico en la historia del país, especialmente entre 1980 y 1985 bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este período, caracterizado por la guerra interna con Sendero Luminoso, el devastador Fenómeno del Niño de 1983 y una hiperinflación galopante, dejó al Perú en un estado de aislamiento político y financiero (Thorp y Bertram, 2013). La economía social de mercado, regida por la Constitución de 1979, enfrentó desafíos estructurales agravados por una política económica ortodoxa supervisada por el FMI, que priorizó la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, estas medidas no lograron contrarrestar la caída del PBI, que registró un crecimiento negativo de -12.2% en 1983, ni la disminución del ingreso per cápita de 1,232 dólares en 1980 a 1,050 dólares en 1985. Comparativamente, autores como ECLAC (1985) destacan que la región latinoamericana también sufrió una contracción económica, pero el caso peruano se agudizó por la dependencia de exportaciones primarias, cuyos precios colapsaron. La Década Perdida no solo refleja un retroceso económico, sino un quiebre social que marcó a generaciones.
El Fenómeno del Niño de 1983 exacerbó la crisis al devastar sectores clave como la agricultura (-12%), la pesca (-40%) y la minería (-8%), según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 1984). Las políticas ortodoxas, enfocadas en reducir el gasto fiscal y promover la inversión extranjera, no lograron mitigar el impacto de este desastre climático ni la salida de capitales privados, impulsada por altas tasas de interés internacionales y la inseguridad interna. La inversión cayó drásticamente de 21.2% del PBI en 1982 a 12.2% en 1985, evidenciando un colapso económico estructural. Desde un enfoque deductivo, la combinación de factores exógenos (clima, precios internacionales) y endógenos (terrorismo, políticas inadecuadas) creó un círculo vicioso de estancamiento. Este análisis subraya la necesidad de políticas económicas resilientes frente a shocks externos.
Hiperinflación y Políticas Heterodoxas en el Perú: El Gobierno de Alan García (1985-1990)
La hiperinflación en el Perú durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) marcó un período de colapso económico y social, caracterizado por políticas heterodoxas que desafiaron las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI). Implementando medidas como la congelación de precios, salarios, tasas de interés y el tipo de cambio, junto con una devaluación inicial del dólar del 12%, el gobierno buscó estimular la producción y limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones (Webb y Fernández Baca, 1990). Sin embargo, estas políticas generaron desequilibrios macroeconómicos, con una inflación acumulada de 2,178,482% y una caída del PBI real, exacerbada por el desabastecimiento y la especulación. La declaración de inelegibilidad para créditos internacionales en 1986 aisló al país financieramente, mientras que el intento de estatizar la banca privada en 1987 desató protestas y el surgimiento del movimiento Libertad. Comparativamente, autores como Sachs (1989) señalan que las políticas heterodoxas en América Latina a menudo subestimaron los riesgos de inflación descontrolada. La hiperinflación no solo devastó la economía, sino que erosionó la confianza social.
Las políticas heterodoxas de García, inicialmente exitosas en 1985 al impulsar la producción, revelaron su insostenibilidad para 1987, cuando la crisis de balanza de pagos y la caída de reservas internacionales desencadenaron los “paquetazos” económicos de 1988, profundizando la recesión (BCRP, 1989). El aumento de precios de servicios básicos (gasolina +30%, agua +10%) y el déficit fiscal descontrolado agudizaron el desabastecimiento, las huelgas y la violencia social.
Reformas Neoliberales de los 90
Las reformas neoliberales en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) transformaron radicalmente la economía y la estructura estatal, buscando estabilización macroeconómica y reinserción en el sistema financiero internacional. Iniciadas en 1990 con el “Fujishock”, estas reformas incluyeron la liberalización de mercados financieros, la privatización de monopolios estatales en sectores como salud, educación y minería, y la flexibilización del mercado laboral, respaldadas por el Banco Mundial (Guerra-García, 1999). La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), creada en 1992, aceleró la privatización, mientras que la restricción de la oferta monetaria y la liberación de precios redujeron la inflación, aunque dispararon los costos de productos básicos. Comparativamente, autores como Williamson (1990) destacan que el Consenso de Washington, base de estas políticas, priorizó la disciplina fiscal sobre el bienestar social. Las reformas neoliberales lograron estabilización económica, pero a un alto costo social.
El costo social de las reformas neoliberales fue significativo, afectando principalmente a trabajadores, campesinos y jubilados, con un aumento de la pobreza del 44% en 1990 al 60% tras el “Fujishock” (DESCO, 1990). La liberalización del comercio exterior y la eliminación de controles de precios generaron alzas inmediatas en productos esenciales, mientras que la reducción de salarios reales y derechos laborales profundizó la desigualdad. Estas medidas, aunque efectivas para reducir el déficit fiscal y atraer inversión extranjera, subestimaron el impacto en los sectores más vulnerables.
Conclusión
La economía peruana ha sufrido de una deficiente asignación de recursos y bajos niveles de inversión privada. Durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta el sistema económico presentaba un cuadro con precios regulados y excesivo intervencionismo estatal. Asimismo, la actividad económica se desarrollaba en un ambiente de fuerte inestabilidad macroeconómica y los altos endeudamientos públicos terminaban con episodios de insolvencia fiscal. De otro lado, eran recurrentes las crisis de balanza de pagos, que terminaban en grandes devaluaciones de la moneda; y, por si fuera poco, se vivieron periodos inflacionarios e hiperinflacionarios, mientras en la década de los 90 se inició con los ajustes para estabilizar la economía peruana.
El Perú de hoy es macro económicamente más estable y próspero, pero es también más desigual y excluyente. La riqueza se ha concentrado y el Estado se ha debilitado y retrocedido, mientras los sempiternos problemas de la pobreza y la discriminación se han profundizado.
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