El conflicto minero en Las Bambas, ubicado en la región de Apurímac, Perú, constituye un caso emblemático de las tensiones socioambientales derivadas de proyectos extractivos en el país. Desde el inicio de las operaciones de la mina en 2015, gestionada por la empresa MMG Limited, las comunidades locales, principalmente campesinas e indígenas, han denunciado impactos ambientales significativos, como la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de tierras agrícolas, así como impactos sociales, incluyendo la reubicación forzada y la criminalización de líderes comunales. Estos factores han desencadenado protestas, bloqueos del Corredor Minero Sur y enfrentamientos violentos, con al menos cinco muertes reportadas entre 2015 y 2025. La falta de consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, y la percepción de incumplimientos por parte de la empresa y el Estado han exacerbado el conflicto, evidenciando desafíos estructurales en la gobernanza minera peruana.
La pregunta de investigación central que guía este estudio es: ¿Cómo han influido la falta de consulta previa, la violencia en las protestas y el rol del Estado en las estrategias de negociación y resolución del conflicto en Las Bambas? Para responder a esta interrogante, el trabajo se plantea tres objetivos principales: 1) analizar las causas del conflicto, identificando los impactos ambientales y sociales como desencadenantes clave; 2) evaluar la efectividad de las estrategias de negociación empleadas por MMG, las comunidades y el Estado; y 3) proponer mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como mediación y arbitraje, para promover soluciones sostenibles.
El estudio del conflicto de Las Bambas es importante desde la perspectiva del manejo de conflictos por varias razones. En primer lugar, el caso refleja los retos de compatibilizar el desarrollo económico, basado en la explotación minera, con la protección de los derechos de las comunidades y el medioambiente. En segundo lugar, ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de procesos participativos y transparentes para prevenir la escalada de tensiones socioambientales. Finalmente, el análisis de Las Bambas contribuye a la discusión sobre la sostenibilidad de la minería en Perú, un país donde el sector representa cerca del 60% de las exportaciones, pero también es la principal fuente de conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo (2025).
El trabajo de investigación se estructura en tres capítulos principales. El primero describe el contexto del conflicto, incluyendo los antecedentes históricos de la mina, los actores involucrados y los impactos ambientales y sociales reportados. El segundo analiza las dinámicas del conflicto, abordando la violencia en las protestas, la falta de consulta previa y el rol del Estado como mediador. El tercero evalúa las estrategias de negociación implementadas y propone mecanismos alternativos de resolución, basándose en experiencias y recomendaciones de expertos. Este análisis busca no solo comprender las causas y dinámicas del conflicto, sino también contribuir con propuestas para una gestión más equitativa y sostenible de los proyectos mineros en Perú.
Contexto del Conflicto Minero en Las Bambas
Antecedentes históricos y descripción de la mina Las Bambas
El proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región de Apurímac, Perú, representa uno de los yacimientos de cobre más significativos del país, contribuyendo aproximadamente al 20% de la producción nacional de este mineral. Según CooperAcción (2015), la exploración de la zona mineralizada de Las Bambas comenzó en 1911, pero no fue hasta 2003 cuando el Estado peruano inició formalmente el proceso de licitación. En este sentido, CooperAcción (2015) señala que, en agosto de 2004, la empresa suiza Xstrata AG obtuvo la adjudicación del proyecto por 121 millones de dólares, abarcando los yacimientos de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, junto con concesiones mineras que cubren aproximadamente 33,200 hectáreas.
Posteriormente, el proyecto experimentó cambios significativos en su propiedad. CooperAcción (2015) y Wikipedia (2023) indican que, tras la fusión de Xstrata con Glencore en 2013, el control pasó a Glencore-Xstrata. Sin embargo, en abril de 2014, Glencore-Xstrata vendió Las Bambas a un consorcio chino liderado por MMG Limited, junto con Guoxin International Investment Corporation y CITIC Metal Co., por un monto de 5,850 millones de dólares, según lo reportado por CooperAcción (2015) y China y América Latina (2023). Este cambio marcó un hito en la internacionalización del proyecto, consolidando la presencia de capital chino en la minería peruana.
En cuanto a su desarrollo operativo, MMG Limited (2023) destaca que las operaciones mineras iniciaron en noviembre de 2015, alcanzando la producción comercial en julio de 2016. Para 2021, la mina producía aproximadamente 400,000 toneladas de concentrado de cobre al año, según Wikipedia (2023), lo que la posicionó como una de las minas de cobre más grandes del mundo. Además, MMG Limited (2023) y CooperAcción (2023) subrayan que la inversión total superó los 10,000 millones de dólares, generando un impacto económico significativo al contribuir con cerca del 1% del PBI nacional y regalías para Apurímac.
No obstante, el proyecto ha estado acompañado de conflictos sociales desde sus inicios. Ojo Público (2023) señala que la reubicación de comunidades, como Fuerabamba, fue un proceso clave para la construcción de la mina, pero generó disputas por el incumplimiento de acuerdos y problemas relacionados con la titularidad de tierras. En este contexto, China y América Latina (2023) explica que la decisión de reemplazar el mineroducto original por una carretera de transporte terrestre, tras la adquisición por MMG, intensificó las tensiones, ya que requirió modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin una adecuada participación de las comunidades.
Finalmente, Ojo Público (2023) reporta que, entre 2020 y 2025, el corredor minero de Las Bambas se convirtió en un foco de alta conflictividad, con bloqueos recurrentes, ocupaciones de terrenos y demandas de renegociación de acuerdos. Estos conflictos, que han resultado en al menos cinco muertes y paros intermitentes, reflejan la complejidad de las relaciones entre la empresa, las comunidades y el Estado. MMG Limited (2023) indica que, en respuesta, la empresa ha intensificado sus esfuerzos en sostenibilidad y diálogo social, aunque las tensiones persisten hasta 2025, según Ojo Público (2023).
Principales actores involucrados
El conflicto minero en Las Bambas, ubicado en la región de Apurímac, Perú, involucra a múltiples actores con intereses y posiciones diversas que han moldeado la dinámica de las tensiones entre 2015 y 2025. A continuación, se describen los principales actores, sus intereses y posturas, basándose en reportes confiables.
En primer lugar, las comunidades campesinas, como Fuerabamba, Chila, Choaquere, Carmen Alto y las comunidades de Chumbivilcas, constituyen un actor central en el conflicto. Según Ojo Público (2023), estas comunidades exigen el cumplimiento de acuerdos previos, compensaciones económicas justas, el saneamiento legal de sus tierras y el respeto a sus territorios ancestrales. CooperAcción (2023a) añade que las comunidades denuncian reiteradamente incumplimientos por parte de MMG Limited en temas de reubicación, compensaciones y compromisos de desarrollo social, lo que ha motivado protestas, bloqueos de vías, ocupaciones de terrenos y paros. Por ejemplo, Ojo Público (2023) destaca que las comunidades perciben abusos y falta de diálogo efectivo, lo que ha intensificado sus acciones de resistencia frente a los impactos ambientales y sociales del proyecto.
Por su parte, la empresa minera MMG Limited, liderada por un consorcio chino-australiano, busca garantizar la continuidad operativa y la seguridad jurídica de sus operaciones. Business & Human Rights Resource Centre (2023) señala que MMG defiende la legalidad de sus adquisiciones y modificaciones al proyecto, como el cambio del mineroducto por transporte terrestre, que generó nuevas tensiones al requerir ajustes al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, Ojo Público (2023) indica que la empresa sostiene que cumple con los acuerdos establecidos, argumentando que las paralizaciones generan pérdidas económicas significativas para la región y el país. Sin embargo, CooperAcción (2023a) y CBC (2023) critican a MMG por supuestos incumplimientos y por recurrir a la fuerza pública para resolver disputas, lo que ha deteriorado su relación con las comunidades.
El Estado peruano, representado por el gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas y gobiernos regionales, desempeña un rol estratégico en el conflicto. Business & Human Rights Resource Centre (2023) destaca que el Estado prioriza la estabilidad económica y la continuidad del proyecto, considerado clave para el desarrollo nacional debido a su aporte al PBI y las regalías. No obstante, CooperAcción (2018) señala que los intentos de mediación, como las mesas de diálogo y la declaratoria de zonas de atención especial, han tenido resultados limitados y han sido criticados por su falta de eficacia. Además, CBC (2023) y CooperAcción (2018) coinciden en que el Estado ha sido percibido como parcial hacia los intereses empresariales, especialmente por el uso de la fuerza pública para desalojar a comuneros, lo que ha generado desconfianza entre las comunidades.
Los trabajadores y sindicatos de la mina también son actores relevantes, aunque su rol es menos prominente en comparación con las comunidades y la empresa. Según CooperAcción (2023b), este grupo demanda mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos colectivos, lo que ha llevado a paros y protestas que añaden una dimensión laboral al conflicto. Estas acciones, aunque puntuales, reflejan tensiones internas en la operación minera que complican la resolución integral del conflicto.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil y ONG, como CooperAcción y otras agrupaciones, apoyan la defensa de los derechos de las comunidades y promueven una mayor transparencia en el proyecto. CooperAcción (2018) subraya que estas organizaciones denuncian los impactos ambientales y sociales de Las Bambas, exigiendo responsabilidad social empresarial y reformas en el marco legal para mejorar la gobernanza minera. De manera similar, Ojo Público (2023) destaca su rol en el acompañamiento a las comunidades y en la incidencia para prevenir conflictos, lo que las posiciona como mediadoras críticas en el escenario.
Dinámicas del Conflicto
Manifestaciones de violencia en las protestas
El conflicto minero de Las Bambas ha estado marcado por episodios significativos de violencia entre 2015 y 2025, caracterizados por bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos eventos reflejan tensiones derivadas de disputas socioambientales y la percepción de incumplimientos por parte de la empresa MMG Limited y el Estado peruano. A continuación, se detallan los principales episodios de violencia y los factores que desencadenaron su escalada, basados en reportes confiables.
Principales episodios de violencia (2015-2025)
1. Enfrentamientos de septiembre de 2015 en Cotabambas y Grau
En septiembre de 2015, cientos de pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau iniciaron protestas masivas contra MMG Las Bambas. Según Actualidad Ambiental (2015), estas acciones fueron motivadas por la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) complementario para una planta de molibdeno y un almacén de concentrados, percibidos como contaminantes, sin consulta adecuada a las comunidades. El 28 de septiembre, El País (2015) reporta que los enfrentamientos en Fuerabamba entre manifestantes y la PNP resultaron en cuatro muertes y 15 heridos, con el uso de gas lacrimógeno y disparos por parte de las fuerzas policiales. En consecuencia, Infobae (2025) señala que se declaró un estado de emergencia por 30 días en Apurímac y Cusco, con el despliegue de 1,500 efectivos policiales. Además, Mongabay (2025) indica que 11 líderes comunales fueron procesados por delitos contra la seguridad pública y el patrimonio, aunque fueron absueltos en 2025, evidenciando el uso indebido del sistema judicial para reprimir la protesta social.
2. Bloqueos y enfrentamientos en Chumbivilcas, 2021
En 2021, las comunidades de Chumbivilcas, Cusco, intensificaron los bloqueos del Corredor Minero Sur. Según Ojo Público (2021), estas protestas exigían compensaciones por los impactos del transporte de minerales, que generaba polvo y vibraciones en más de 150 comunidades. El 20 de octubre, un enfrentamiento en el sector de Sayhua dejó al menos 10 heridos, entre comuneros y policías, tras una intervención policial para despejar la vía, como reporta la Defensoría del Pueblo (2021). Este episodio fue desencadenado por la falta de acuerdos claros sobre compensaciones económicas y la percepción de incumplimientos en compromisos de desarrollo local por parte de MMG, según CooperAcción (2021).
3. Protestas violentas en Coyllurqui, 2024
En julio de 2024, la comunidad de Coyllurqui, Cotabambas, inició un paro indefinido contra MMG Las Bambas. Wayka (2024) explica que los comuneros denunciaban la contaminación de fuentes hídricas por actividades mineras, exigiendo soluciones inmediatas. La intervención policial, que incluyó bombas lacrimógenas, resultó en al menos cinco heridos, según Epicentro TV (2024). Videos difundidos en redes sociales, reportados por Wayka (2024), mostraron la detención violenta de una lideresa, Fermina Pandia Laura, lo que intensificó las denuncias de represión. Swissinfo (2024) añade que la falta de consulta previa sobre proyectos mineros específicos fue un factor clave en la escalada de este conflicto.
4. Absolución de defensores en 2025
En abril de 2025, la Corte Superior de Apurímac absolvió a 11 defensores comunales procesados por las protestas de 2015, quienes habían sido sentenciados a ocho y nueve años de prisión. Infobae (2025) destaca que este fallo estableció un precedente contra la criminalización de la protesta, aunque las comunidades denunciaron que persisten riesgos legales por otros procesos judiciales, según CooperAcción (2025). Este evento, aunque no violento, refleja la violencia estructural ejercida a través de la judicialización de líderes sociales.
Factores desencadenantes de la escalada violenta
- Modificaciones al EIA sin consulta previa: Según OCMAL (2023), la aprobación de cambios en el EIA, como la construcción de nuevas instalaciones sin participación comunitaria, generó desconfianza y rechazo, al percibirse como una amenaza al medioambiente y la salud.
- Falta de diálogo efectivo: La Defensoría del Pueblo (2021) señala que la ausencia de espacios de diálogo inclusivos y transparentes entre MMG, el Estado y las comunidades exacerbó las tensiones, con demandas comunitarias desatendidas.
- Uso desproporcionado de la fuerza policial: Amnistía Internacional (2024) denuncia el empleo de tácticas agresivas, como gas lacrimógeno y disparos, en las intervenciones policiales, lo que intensificó los enfrentamientos y generó acusaciones de represión.
- Percepción de incumplimientos: CooperAcción (2021) indica que las comunidades denunciaron reiteradamente el incumplimiento de acuerdos sobre compensaciones y desarrollo local, alimentando la frustración que motivó las protestas.
- Criminalización de la protesta: Mongabay (2025) destaca que la judicialización de líderes comunales, como en el caso de 2015, fue percibida como una estrategia para desmovilizar la resistencia, incrementando la polarización.
Resumen cronológico de episodios violentos
| Año | Episodio | Consecuencias | Factores desencadenantes |
|---|---|---|---|
| 2015 | Enfrentamientos en Fuerabamba | 4 muertos, 15 heridos, estado de emergencia | EIA sin consulta, percepción de contaminación |
| 2021 | Bloqueos en Chumbivilcas (Sayhua) | 10 heridos, tensión en Corredor Minero | Falta de compensaciones, impacto del transporte |
| 2024 | Protestas en Coyllurqui | 5 heridos, represión policial | Contaminación hídrica, falta de consulta previa |
| 2025 | Absolución de 11 defensores | Precedente contra criminalización | Judicialización como represión estructural |
Falta de consulta previa y sus implicaciones
La ausencia o insuficiencia de procesos de consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido un factor determinante en la escalada del conflicto minero de Las Bambas en Apurímac, Perú, entre 2015 y 2025. Esta omisión ha generado desconfianza, protestas y una percepción de vulneración de derechos entre las comunidades afectadas, intensificando las tensiones con la empresa MMG Limited y el Estado peruano.
En primer lugar, la falta de consulta previa constituye una violación directa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Según el Instituto de Defensa Legal (2019), las comunidades de Chumbivilcas y Apurímac han denunciado que no se han llevado a cabo procesos de consulta adecuados, como lo exige el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios o modos de vida. Por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal (2023) señala que decisiones como la reclasificación de vías para el transporte de minerales o las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se implementaron sin diálogo ni consentimiento, lo que ha sido percibido como una imposición unilateral.
Además, la consulta previa requiere un diálogo intercultural de buena fe orientado a obtener el consentimiento de las comunidades, especialmente ante impactos significativos. Sin embargo, Red Muqui (2019) destaca que en Las Bambas este proceso ha sido inexistente o deficiente, lo que ha profundizado la desconfianza hacia MMG y el Estado. En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas (2020) documenta que la Comunidad Campesina de Huancuire solicitó formalmente suspender actividades mineras hasta garantizar una consulta adecuada, evidenciando la falta de participación efectiva y el incumplimiento de estándares internacionales.
La ausencia de consulta previa ha tenido un impacto directo en la conflictividad social. Según Dialnet (2022), la percepción de que sus derechos territoriales y culturales son vulnerados sin su participación ha motivado protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en la región, ya que las comunidades consideran que el proyecto avanza sin respetar sus prioridades. Asimismo, DPLF (2016) subraya que la omisión de la consulta previa no solo agrava los conflictos, sino que también dificulta la resolución pacífica al generar un sentimiento de exclusión entre las comunidades afectadas.
Casos específicos documentados (2015-2025)
1. Reclamo por consulta de vías de transporte en Chumbivilcas (2019) El Instituto de Defensa Legal (2019) reporta que las comunidades de Chumbivilcas exigieron la consulta previa para la reclasificación de vías utilizadas por Las Bambas, argumentando que estas decisiones afectaban sus territorios y derechos colectivos. La falta de este proceso fue denunciada como una violación del Convenio 169, incrementando las tensiones y motivando bloqueos del Corredor Minero Sur.
2. Solicitud de suspensión de actividades por Huancuire (2019-2020) El Ministerio de Energía y Minas (2020) indica que la Comunidad Campesina de Huancuire pidió al Estado detener las actividades relacionadas con el tajo Chalcobamba hasta que se realizara una consulta previa que garantizara un diálogo intercultural efectivo. Esta solicitud reflejó la frustración de la comunidad ante la falta de participación en decisiones clave del proyecto.
3. Modificaciones al EIA sin consulta adecuada Dialnet (2022) documenta que las modificaciones al EIA, como la sustitución del mineroducto por transporte terrestre y la autorización de nuevas infraestructuras, se aprobaron sin procesos de consulta previa o con procedimientos insuficientes. Estas decisiones, percibidas como inconsultas, han sido un factor recurrente en las protestas y la escalada del conflicto.
4. Informe alternativo sobre consulta previa en Perú (2019) Red Muqui (2019) señala en un informe alternativo que, a pesar de la ratificación del Convenio 169 por Perú en 1991, proyectos extractivos como Las Bambas han omitido consultas previas adecuadas. Además, el informe destaca que, cuando las comunidades solicitan este derecho, el Estado, particularmente el Ministerio de Energía y Minas y el Viceministerio de Interculturalidad, suele rechazar o postergar los procesos, lo que agrava la conflictividad.
Rol del Estado en la mediación del conflicto
El Estado peruano, a través de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Defensoría del Pueblo, ha desempeñado un rol complejo en la mediación del conflicto minero de Las Bambas entre 2015 y 2025. Si bien ha promovido espacios de diálogo y monitoreo de derechos, su intervención ha enfrentado críticas por su parcialidad, falta de prevención y uso de medidas represivas, lo que ha limitado su efectividad como mediador.
En primer lugar, el Ministerio de Energía y Minas ha actuado como facilitador de mesas de diálogo para abordar las demandas de las comunidades afectadas por el proyecto Las Bambas. Según Deutsche Welle (2022), en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, el MINEM convocó una mesa de diálogo con las comunidades de Fuerabamba y Huancuire y MMG Limited para resolver reclamos relacionados con incumplimientos de acuerdos sociales. Asimismo, Ojo Público (2023) reporta que en 2019, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, se estableció una mesa de diálogo que incluyó compromisos de inversión social y saneamiento de tierras, aunque muchos de estos acuerdos no se cumplieron, generando mayor desconfianza. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo formal del MINEM por mediar, pero su impacto ha sido cuestionado debido a la falta de seguimiento y resultados concretos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un rol clave como observadora y defensora de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo (2025) ha documentado en sus reportes mensuales las manifestaciones, bloqueos y demandas de las comunidades, participando activamente en mesas de diálogo para facilitar acuerdos. Además, CooperAcción (2025) destaca que la Defensoría ha denunciado la criminalización de líderes sociales y defensores ambientales, instando al Estado a garantizar un diálogo intercultural y el respeto a los derechos colectivos. Este rol de monitoreo y acompañamiento ha sido una fortaleza, aunque su capacidad para influir en decisiones estatales ha sido limitada.
Sin embargo, la respuesta estatal también ha incluido medidas represivas que han agravado el conflicto. RFI (2015) señala que, en septiembre de 2015, el gobierno de Ollanta Humala declaró un estado de emergencia en seis provincias del sureste, movilizando a la policía y las fuerzas armadas para controlar las protestas, lo que resultó en enfrentamientos con cuatro muertos y 15 heridos. Esta intervención, según APRODEH (2022), fue criticada por organizaciones de derechos humanos y comunidades, que denunciaron abuso de poder y criminalización de la protesta social. La percepción de que el Estado prioriza los intereses de MMG sobre los de las comunidades ha sido un obstáculo recurrente en su rol mediador.
Las limitaciones del Estado en la mediación del conflicto son evidentes en su enfoque reactivo y falta de políticas preventivas. Conflictos Mineros (2021) reporta que alcaldes de Apurímac han criticado la ausencia de estrategias claras para prevenir conflictos en zonas mineras, señalando que el Estado actúa solo cuando las tensiones escalan. Además, Infobae (2022) indica que la confidencialidad de algunos acuerdos entre MMG y las comunidades, sin un acompañamiento estatal transparente, ha generado desconfianza y dificultado la resolución del conflicto. Estas críticas reflejan un rol estatal percibido como parcial y poco efectivo en garantizar una mediación equitativa.
Estrategias de Negociación y Resolución Alternativa
Mecanismos de diálogo implementados
Entre 2015 y 2025, el conflicto minero de Las Bambas en Apurímac, Perú, ha motivado la implementación de diversos mecanismos de diálogo para abordar las tensiones entre las comunidades, la empresa MMG Limited y el Estado peruano. Estos esfuerzos, liderados principalmente por mesas de diálogo y negociaciones directas, han tenido resultados mixtos, con avances parciales y limitaciones significativas, según reportes oficiales y análisis de organizaciones especializadas.
En primer lugar, las mesas de diálogo tripartitas han sido el mecanismo más recurrente. Actualidad Ambiental (2019) señala que estas mesas han reunido a representantes de comunidades como Fuerabamba y Cotabambas, MMG Limited y el Estado, a través de entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Presidencia del Consejo de Ministros. Por ejemplo, APRODEH (2022) reporta que, en 2019, el entonces primer ministro Salvador del Solar participó en reuniones para negociar soluciones a los bloqueos del Corredor Minero Sur, mostrando un compromiso formal del Ejecutivo. Estas mesas se han centrado en temas como inversión social, saneamiento de tierras y derechos humanos, con la mediación de actores como la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal.
Además, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un rol activo como facilitadora y observadora. La Defensoría del Pueblo (2024) destaca que ha participado en múltiples espacios de diálogo, promoviendo un enfoque intercultural y documentando acuerdos para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades. De manera similar, CooperAcción (2016) subraya que la Conferencia Episcopal ha actuado como mediadora en algunos encuentros, buscando generar confianza entre las partes. Estos actores externos han aportado legitimidad al proceso, aunque no siempre han logrado superar las posiciones rígidas de los involucrados.
Por otro lado, se han establecido diálogos sectoriales y técnicos para abordar aspectos específicos del conflicto. CooperAcción (2016) indica que las mesas han incluido ejes temáticos como responsabilidad social, desarrollo sostenible y derechos humanos, pero han enfrentado desafíos operativos. Entre estos, Red Muqui (2020) menciona la falta de recursos para la participación de representantes comunitarios, la exclusión de algunos actores relevantes y la inflexibilidad de MMG y el Estado en la negociación de demandas clave, lo que ha limitado los avances.
El Ejecutivo ha desplegado acciones directas para desbloquear el conflicto. Actualidad Ambiental (2019) reporta que, en 2019, tres ministros fueron enviados a Apurímac y Cusco para negociar con comunidades que mantenían bloqueos prolongados, mientras que CooperAcción (2023) señala que se intentó declarar el Corredor Minero como vía nacional para facilitar su mantenimiento y saneamiento legal. Sin embargo, El Aporte de Las Bambas (2023) destaca que estas medidas enfrentaron resistencia comunitaria y restricciones presupuestales, reduciendo su efectividad.
A pesar de estos esfuerzos, los resultados han sido limitados. La Defensoría del Pueblo (2024) documenta que, aunque las mesas han generado acuerdos parciales, como compromisos de inversión social, la persistencia de bloqueos y protestas refleja una falta de confianza en los procesos. Además, Red Muqui (2020) señala que la criminalización de líderes comunales, como los procesados en 2015, ha fracturado el diálogo, dificultando acuerdos sostenibles. CooperAcción (2016) recomienda establecer una presidencia colegiada para las mesas, mayor transparencia en los acuerdos y una evaluación constante del cumplimiento de compromisos para mejorar la efectividad del diálogo.
Evaluación de estrategias de negociación
Las estrategias de negociación empleadas por MMG Limited y las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac, Perú, entre 2015 y 2025, han sido variadas, pero han enfrentado desafíos significativos que han limitado su efectividad. A continuación, se evalúan estas estrategias, destacando sus resultados y las limitaciones identificadas por expertos, con énfasis en el estilo de negociación de MMG que ha sido señalado como un factor que fomenta protestas.
En primer lugar, MMG ha participado activamente en mesas de diálogo tripartitas y subgrupos de trabajo para abordar demandas comunitarias. Rumbo Minero (2022) reporta que, en 2022, la empresa se involucró en subgrupos con comunidades como Chila y Choaquere para revisar acuerdos pendientes relacionados con saneamiento de tierras y desarrollo social. Sin embargo, Ojo Público (2023) señala que las comunidades han denunciado la falta de avances concretos en estos compromisos, como la ejecución de obras de infraestructura y compensaciones económicas, lo que ha generado percepción de incumplimiento y estancamiento en las negociaciones.
Por su parte, las comunidades han centrado sus estrategias de negociación en demandas específicas, como la participación económica en la operación minera. Ojo Público (2022) destaca que un punto clave ha sido la solicitud de las comunidades para proveer servicios de transporte de minerales, exigiendo que MMG contrate un mayor número de vehículos locales, como camionetas y camiones encapsulados. No obstante, Infobae (2022) indica que MMG ha ofrecido montos significativamente menores a los esperados por las comunidades, lo que ha resultado en un punto muerto en las negociaciones y ha motivado bloqueos del Corredor Minero Sur como medida de presión.
Otro aspecto relevante de la negociación ha sido la gestión de acuerdos relacionados con la compra de tierras y la reubicación de comunidades. Según SENACE (2023), MMG adquirió terrenos para reubicar a comunidades como Fuerabamba, pero Ojo Público (2023) subraya que las comunidades han reclamado pagos pendientes, saneamiento legal de tierras y el reconocimiento de zonas de influencia directa, lo que ha generado tensiones constantes. Esta falta de cumplimiento ha sido un obstáculo para avanzar hacia acuerdos sostenibles, alimentando la desconfianza hacia la empresa.
Las limitaciones de estas estrategias han sido ampliamente analizadas por expertos. CooperAcción (2025) señala que la percepción de incumplimiento por parte de MMG, especialmente en acuerdos firmados hace más de una década, ha erosionado la confianza de las comunidades, dificultando un diálogo constructivo. Además, Ojo Público (2022) critica el estilo de negociación de MMG, que ha sido acusado de ofrecer propuestas económicas insuficientes y de intentar dividir a las comunidades mediante incentivos selectivos, lo que ha exacerbado las protestas en lugar de mitigarlas. Esta práctica, según Otra Mirada (2023), ha sido vista como una estrategia para debilitar la cohesión comunitaria, generando mayor resistencia.
Asimismo, la falta de transparencia y comunicación efectiva ha sido un obstáculo significativo. CooperAcción (2025) destaca que la negociación se ha visto afectada por la poca claridad en las cifras, compromisos y plazos, así como por la exclusión de algunos actores comunitarios en las mesas de diálogo. Esta falta de inclusión ha generado divisiones internas entre las comunidades, complicando el proceso. Por otro lado, Infobae (2022) menciona que la criminalización de líderes sociales, como los procesados por protestas, ha creado un clima de confrontación que ha dificultado el establecimiento de un diálogo de buena fe, incluso tras la absolución de algunos líderes en 2025.
MMG ha argumentado que las demandas comunitarias son, en ocasiones, desproporcionadas y que la intervención de agentes externos complica las negociaciones. Sin embargo, Actualidad Ambiental (2019) señala que expertos consideran estas afirmaciones como parte de una narrativa empresarial para justificar la falta de avances, en lugar de abordar las demandas legítimas de las comunidades. Este enfoque ha contribuido a la percepción de que el estilo de negociación de MMG prioriza sus intereses económicos sobre un compromiso genuino con las comunidades, fomentando un ciclo de protestas y tensiones.
Mecanismos alternativos de resolución de conflictos
En el contexto del conflicto minero de Las Bambas y otros conflictos mineros similares en Perú, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MARC), como la mediación, el arbitraje de conciencia y las mesas de concertación, han sido propuestos y, en algunos casos, aplicados para superar las limitaciones de los enfoques judiciales y la confrontación directa. A continuación, se describen estos mecanismos y sus ventajas, basándose en la literatura especializada y experiencias relevantes entre 2015 y 2025.
En primer lugar, la mediación ha sido ampliamente recomendada como un mecanismo para facilitar el diálogo en conflictos mineros. Según el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP (2023), la mediación implica la intervención de un tercero neutral que promueve la comunicación entre las partes, como comunidades, empresas y el Estado, para alcanzar acuerdos consensuados. Un ejemplo práctico es el “Proceso de Mediación Corredor Minero”, documentado por Agnitio (2023), donde se aplicaron técnicas de mediación para abordar disputas relacionadas con el transporte de minerales en el Corredor Minero Sur. Este enfoque permite un entendimiento intercultural, reduce costos y tiempos en comparación con procesos judiciales y fomenta acuerdos voluntarios que pueden ser más duraderos.
Otro mecanismo innovador es el arbitraje de conciencia, propuesto como una alternativa equitativa para resolver conflictos mineros. La Universidad de Lima (2023) explica que este proceso se basa en principios de justicia y equidad, en lugar de normas legales estrictas, permitiendo que un tribunal arbitral emita una decisión equilibrada en un plazo máximo de cinco días. Este mecanismo busca garantizar que ninguna parte pierda, promoviendo la continuidad de las operaciones mineras mientras se respetan las demandas comunitarias. La Cámara Minera del Perú (2023a) destaca su rapidez, transparencia y aceptación por parte de comunidades y empresas, aunque requiere capacitación previa y voluntad política para su implementación efectiva.
Además, la conciliación y las mesas de concertación han sido utilizadas para promover acuerdos inclusivos. La Cámara Minera del Perú (2023b) señala que estas herramientas fomentan la participación activa de todos los actores, incluyendo comunidades, empresas, el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de construir soluciones conjuntas. Por ejemplo, el Consorcio de Investigación Económica y Social (2016) menciona que las mesas de concertación han permitido abordar temas como el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en conflictos mineros, mejorando las relaciones sociales y el capital social. Estas iniciativas requieren un seguimiento continuo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Ventajas de los mecanismos alternativos
Mediación:
El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP (2023) subraya que la mediación facilita la comunicación intercultural, promoviendo acuerdos que respetan las cosmovisiones de las comunidades indígenas y campesinas. Además, reduce significativamente los costos y tiempos en comparación con los procesos judiciales, aumentando la probabilidad de soluciones sostenibles.
Arbitraje de conciencia:
La Universidad de Lima (2023) destaca que este mecanismo ofrece resoluciones rápidas y transparentes, basadas en criterios de equidad que son más accesibles para las comunidades. Su capacidad para minimizar la politización y evitar paralizaciones prolongadas lo convierte en una herramienta atractiva para conflictos como el de Las Bambas.
Conciliación y mesas de concertación:
La Cámara Minera del Perú (2023b) indica que estas estrategias promueven la inclusión de todos los actores, fortaleciendo el capital social y permitiendo la evaluación continua de los acuerdos. Esto contribuye a transformar la cultura organizacional y a prevenir futuros conflictos.
Conclusiones
El conflicto minero en Las Bambas, iniciado en 2015, tiene como causas principales la falta de consulta previa, los impactos ambientales y sociales del proyecto, y la percepción de incumplimientos por parte de MMG Limited y el Estado. Según Convoca (2023) y Red Muqui (2023), la contaminación de fuentes hídricas, la degradación de tierras agrícolas y el impacto del transporte terrestre han afectado gravemente a comunidades como Fuerabamba y Pumamarca. Socialmente, la reubicación forzada, la criminalización de líderes comunales y la distribución desigual de beneficios económicos han generado protestas y bloqueos del Corredor Minero Sur, con al menos cinco muertes reportadas entre 2015 y 2025, según Ojo Público (2023) y Swissinfo (2024). La ausencia de procesos participativos conformes al Convenio 169 de la OIT ha exacerbado la desconfianza, consolidando el conflicto como un desafío estructural en la gobernanza minera peruana.
Las estrategias de negociación, principalmente mesas de diálogo tripartitas, han logrado avances parciales, como compromisos de inversión social y saneamiento de tierras, pero han sido insuficientes para resolver el conflicto de manera sostenible. CooperAcción (2016) y Ojo Público (2022) destacan que la falta de transparencia, el incumplimiento de acuerdos y el estilo de negociación de MMG, percibido como rígido y divisorio, han limitado el progreso. La criminalización de líderes comunales, documentada por Infobae (2025), y la exclusión de actores clave en las negociaciones han fracturado el diálogo, mientras que la percepción de parcialidad del Estado hacia los intereses empresariales ha erosionado la confianza de las comunidades, según APRODEH (2022).
Los mecanismos alternativos, como la mediación, el arbitraje de conciencia y las mesas de concertación, presentan un potencial significativo para abordar el conflicto de Las Bambas. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP (2023) y la Universidad de Lima (2023) destacan que la mediación promueve un diálogo intercultural que respeta las cosmovisiones comunitarias, mientras que el arbitraje de conciencia ofrece resoluciones rápidas y equitativas. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos, como la falta de capacitación en negociación intercultural y la necesidad de mayor voluntad política, según Agnitio (2023). Estas herramientas, aunque aplicadas en casos como el “Proceso de Mediación Corredor Minero”, requieren mayor institucionalización para garantizar resultados sostenibles.
Recomendaciones
El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y el Viceministerio de Interculturalidad, debe garantizar procesos de consulta previa, libre e informada antes de aprobar modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental o proyectos mineros. Estos procesos deben ser inclusivos, transparentes y respetar las cosmovisiones de las comunidades, como lo recomienda Red Muqui (2019), para prevenir conflictos y legitimar las decisiones.
Se propone institucionalizar la mediación y el arbitraje de conciencia en conflictos mineros, con la participación de terceros neutrales, como la Defensoría del Pueblo o la Conferencia Episcopal. Según la Cámara Minera del Perú (2023a), estos mecanismos deben incluir capacitación en comunicación intercultural para mediadores y actores involucrados, asegurando acuerdos equitativos y sostenibles.
MMG Limited debe adoptar un enfoque de negociación más inclusivo y transparente, publicando actas detalladas de los acuerdos y estableciendo plazos claros para su cumplimiento, como sugiere CooperAcción (2016). El Estado debe supervisar estos compromisos a través de una entidad independiente para garantizar su ejecución y evitar percepciones de incumplimiento.
El Estado debe abstenerse de usar la fuerza pública de manera desproporcionada y revisar los procesos judiciales contra líderes comunales, siguiendo el precedente de la absolución de 2025 documentado por Infobae (2025). La Defensoría del Pueblo (2025) debe fortalecer su rol en la protección de los derechos de los manifestantes para evitar la escalada violenta.
MMG y el Estado deben priorizar inversiones en infraestructura, saneamiento y proyectos productivos que beneficien directamente a las comunidades afectadas, como lo señala Desde Adentro (2021). Estas iniciativas deben diseñarse con la participación activa de las comunidades para garantizar una distribución equitativa de los beneficios económicos de la mina.
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